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A partir de un amparo del MPD, el Gobierno porteño deberá garantizar el acceso a la vivienda

13 de Julio de 2016

A partir de un amparo del MPD, el Gobierno porteño deberá garantizar el acceso a la vivienda

El Juez de Primera Instancia en lo CAyT Nº 15, Víctor Trionfetti, resolvió hacer lugar a la acción de amparo presentada por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires y ordenó al Gobierno porteño que “garantice el acceso a una vivienda adecuada y digna” a un hombre que padece “trastornos esquizo-afectivos” y “lo orienten en la búsqueda de una solución definitiva a su situación de emergencia habitacional”.


El objeto del amparo presentado por la Defensoría de Primera Instancia Nº 2 en lo CAyT, a cargo de Pablo de Giovanni, es que se le provea una solución habitacional definitiva y permanente a un hombre solo, de 54 años, cuyos únicos ingresos estables son la pensión por discapacidad y la prestación alimentaria que brinda el Gobierno de la Ciudad a través del “Programa Ciudadanía Porteña” y que se encontraba en inminente situación de calle.

Luego de valorar la normativa y jurisprudencia nacional e internacional sobre la materia, en su resolución el Juez declara, además, que “la ley 4036 resulta inconstitucional e inconvencional porque los tratados deben interpretarse y cumplirse de buena fe (art. 31.1. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados) y no es válido invocar disposiciones del derecho interno –la ley 4036- como justificación para incumplirlos (art. 26 Convención cit.).
En el mismo sentido, desarrolla una crítica contundente al fallo "K. M. P." dictado por el Tribunal Superior de Justicia en el año 2014. El Juez considera que las cuestiones que lo "debilitan irremediablemente se refieren a: (i) pautas de escrutinio sobre la validez del material normativo examinado y puesto en escena, elusiones e inapropiados énfasis, (ii) en la deriva fraseológica de la decisión, que zarpa desde el derecho constitucional del acceso a la vivienda digna para terminar por naufragar en la voz “alojamiento”, (iii) en la mutación del amparo, que pasa de ser una acción expedita y sencilla de tutela jurisdiccional efectiva, a una “condena” al GCBA de “presentar una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora un alojamiento…” y, por fin, (iv) en la ausencia de rigor en la ponderación de los diferentes insumos que impone el debate, por ejemplo, el vinculado con las subejecuciones presupuestarias seriales del GCBA en materia de derechos sociales."

Por último, el fallo determina que “el Gobierno de la Ciudad de Buenos lesionó, por omisión, derechos fundamentales del actor”.