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El Defensor General participó de un nuevo encuentro a 10 años de la Causa Riachuelo

21 de Noviembre de 2018

El Defensor General participó de un nuevo encuentro a 10 años de la Causa Riachuelo

La actividad se propuso reflexionar sobre el proceso de implementación de la sentencia y sus impactos desde diversas perspectivas. Horacio Corti expuso sobre los retos que plantean el acceso efectivo a la justicia, así como la participación y el rol de las personas afectadas.
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El día martes, en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Defensor General de la Ciudad, Horacio Corti participó del tercer encuentro “A 10 años de la sentencia en el Caso Riachuelo. Perspectivas de su implementación”, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho (UBA) y el Instituto de Justicia y Derechos Humanos (UNLA).

En esta ocasión, se propuso discutir sobre los alcances y desafíos del acceso a la justicia en el marco de la Causa Mendoza, desde un análisis crítico respecto del proceso de implementación de la sentencia y sus impactos desde diversas perspectivas.

Entre los expositores estuvieron, también, Mariano Gutiérrez, Coordinador del Equipo Riachuelo en la Defensoría General de la Nación, Leticia Barrera, docente de la UBA e investigadora del IDAES y de UNSAM-CONICET y Gustavo Maurino, Director Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia. Como coordinadora ofició Julieta Rossi, Directora de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús.

Durante la presentación, Corti se refirió a las limitaciones y los retos que se plantean en la tarea de garantizar el acceso efectivo a la justicia, así como la participación de las personas afectadas en el proceso de ejecución de la sentencia. “Una de las fallas más grandes de este proceso es que las personas directamente afectadas por la decisión de ser relocalizadas a causa de la contaminación ambiental que viven en la cuenca, no son consideradas parte del expediente”, señaló el Defensor General. Y agregó: “La Corte no les dio derecho a participar, ni a expresar su voz durante las audiencias".

Asimismo, Corti apuntó a la poca claridad respecto de cómo debe llevarse adelante la participación procesal de quienes deben ser defendidos, que en este caso son las familias que se encuentran en una situación ambiental de riesgo, por vivir en las zonas geográficas más comprometidas por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo.

“Nadie puede ser relocalizado como una cosa, cuando es una persona. Los vecinos tienen derecho a expresarse y no son un factor de obstrucción, sino parte de la solución a este problema", concluyó Corti.

La Defensa Pública defiende los derechos de los miles de vecinos y vecinas que viven en los barrios y asentamientos afectados por la liberación del camino de sirga, ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en julio de 2008, ante los daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo. Acompaña tanto a las familias que aún habitan sobre el camino ribereño, como a aquellos que ya han sido relocalizados y a quienes viven fuera del camino y esperan una política de urbanización e integración urbana.